La nueva norma, que deberá ser aprobada previamente por el Consejo de Gobierno, dará cobertura a las administraciones autonómica y local y será clave para aquellas entidades municipales de menos de 20.000 habitantes que no disponen de estrategias ni medios para proteger sus redes y sistemas, impulsando la seguridad informática en relación con las empresas, las Pymes y los ciudadanos, reforzando la competencia del Estado.

En el caso de aquellos sectores que cuenten con capacidades en esta materia, como es el caso de la Comunidad de Madrid, este organismo servirá de apoyo para coordinar sus servicios, y se desarrollará una estrategia que concentre las medidas y acciones a seguir. Igualmente, actuará como órgano de colaboración con el Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT).

Estas actuaciones permitirán aumentar la protección de la información y los datos de los ciudadanos madrileños, generando un clima de confianza en el uso de servicios telemáticos. También proporcionará al Ejecutivo regional una visión centralizada y orquestada de la ciberseguridad de su administración y servicios, y aumentará la capacidad de respuesta y recuperación ante los ciberataques.

La Agencia reforzará la protección informática de las infraestructuras autonómicas más relevantes, con especial atención al área de salud, e impulsará igualmente la cultura y la formación en este ámbito de los ciudadanos y las Pymes, apoyará el desarrollo del talento de los profesionales, la industria y los servicios de ciberseguridad, generando empleo de calidad y riqueza.