A diferencia del periodo entre 2020 y 2022, marcado por el aprendizaje telemático a causa del COVID-19, en 2023 se retoma el carácter presencial, manteniéndose no obstante la primera modalidad, gracias a la que pudieron especializarse y adquirir nuevas habilidades profesionales más de 300 funcionarios a lo largo de los tres últimos ejercicios.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha destacado “el esfuerzo que, a pesar de las dificultades, ha llevado a cabo la ARRMI, los docentes y los propios alumnos para llevar a cabo estas acciones en un contexto tan complicado, permitiendo que se pudieran realizar hasta una veintena de cursos, lo que beneficia claramente a los menores y jóvenes infractores de la región y, en consecuencia, al conjunto de la sociedad”.

Para 2023, el Área de Estudios, Programas y Formación de la ARRMI ha recibido cerca de un millar de solicitudes, el 44% de miembros de su plantilla y el 56% restante de otros departamentos de la Administración autonómica, fundamentalmente personal de los ámbitos de Justicia y de Familia, Juventud y Política Social.

Entre las materias que se van a impartir este año destacan el estudio de los factores de vulnerabilidad asociados a la conducta infractora; los delitos de odio; las competencias digitales; la entrevista como técnica para mejorar la intervención, y muy especialmente la importancia del trabajo con las familias en el ámbito de la justicia juvenil.

Herramienta técnica PREVI-A

Otra de las acciones más sobresalientes tendrá lugar el próximo mes de octubre, un curso sobre la herramienta técnica PREVI-A, elaborada por la propia ARRMI en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Este recurso se utiliza para evaluar la intervención desarrollada con menores y jóvenes infractores en la Comunidad de Madrid, particularmente con aquellos que cumplen medidas judiciales, ya sean de internamiento o de medio abierto con una mayor duración.

En definitiva, según López, “la formación y capacitación de los profesionales es uno de los ejes primordiales del modelo de intervención con menores y jóvenes infractores, junto con la individualización del tratamiento, la configuración de programas especializados y la implicación de la familia en el proceso de reeducación”.