Así lo ha señalado hoy la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, durante su visita a la Residencia pública de Mayores La Paz de la capital, uno de los cerca de 500 recursos residenciales distribuidos por la región, que hoy celebraba su aniversario y la festividad de Nuestra Señora de la Paz.
Dancausa, que ha compartido la mañana con trabajadores y residentes de este centro gestionado por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), ha subrayado que el informe, elaborado mensualmente por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, también corrobora la mejora de la ratio de prestaciones por persona, que ha pasado en 2022 de 1,30 a 1,33.
En este sentido, la consejera ha explicado que “se han incrementado sobre todo los servicios de atención domiciliaria que permiten que los mayores puedan permanecer en sus casas el mayor tiempo posible, uno de los grandes objetivos del modelo centrado en la persona que está implantando el Gobierno regional y que es lo que ellos desean”.
Los datos del informe señalan que el número de personas con resolución de Plan Individualizado de Atención (PIA) y prestación creció en un 7,2% en 2022 alcanzando la cifra de 163.762 beneficiarios, de los que más de 44.000 reciben ayuda a domicilio y más de 41.000 ayuda económica por cuidados en el entorno familiar.
Otra de las ayudas, la teleasistencia, sigue siendo la más extendida con 63.656 usuarios al cierre del año, más otros 70.000 en la ciudad de Madrid que gestiona el Ayuntamiento de la capital. Ya se está tramitando el contrato de suministro de más de 300.000 dispositivos electrónicos que permitirán poner en marcha la nueva teleasistencia avanzada, un proyecto en el que se van a invertir 39 millones de euros y que se calcula que llegará a 90.000 personas dependientes en toda la región. Los sensores suministrarán información que procesará una plataforma de gestión multiplicando las posibilidades del actual botón rojo de la teleasistencia, mejorando la atención y seguridad de los mayores.
La prestación que ha registrado un mayor incremento son las PEVS, Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio, también conocidas como cheque servicio o cheque residencia, que benefician a 24.569 personas, un 17,2% más que hace un año. Esta ayuda, de entre 300 y 715 euros, contribuye a financiar los gastos de una plaza residencial en una entidad privada cuando no hay disponible una pública y contribuye a que la persona pueda elegir libremente qué ayuda quiere y dónde quiere recibirla.
Desde que se inició la actual legislatura, en apenas año y medio, la lista de personas pendientes de evaluación se ha reducido un 63%, pasando de 25.101 personas a 9.303. La Comunidad de Madrid, según la estimación del Gobierno central tiene en la actualidad una población potencialmente dependiente de 803.577 personas, de las que menos del 28%, 224.953, han considerado necesario solicitar un Plan Individualizado de Atención.