De este modo el Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy a dos subvenciones directas. La primera, de manera conjunta -por un importe de 40,5 millones de euros-, está dirigida al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y al Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH). La otra, con un importe de 6,2 millones, está destinada al Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid.

Con estas ayudas, el Ejecutivo autonómico sufraga la retribución de las actuaciones profesionales relativas al turno de oficio, asistencia letrada al detenido, tramitación de expedientes de solicitud de asistencia jurídica al detenido y gratuita. También incluye los costes que estos servicios generan para los colegios profesionales implicados.

Los pagos para los letrados son a través del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, que engloba al ICAM y al ICAAH. Los que recibe el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid se realizan por mediación del Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, como entidad colaboradora.

De esta forma, la Comunidad de Madrid garantiza la asistencia jurídica a todos aquellos ciudadanos que carecen de los recursos económicos suficientes y protege el derecho fundamental de todas las personas a la tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tal y como recoge la Constitución Española.