Además, y por primera vez, se elaborará un mapa o marco competencial que servirá de herramienta para que los trabajadores puedan desarrollarse profesionalmente, ya que se valorarán las enseñanzas obtenidas en los procesos de movilidad, promoción interna y carrera horizontal.
A estas materias podrán acceder más de 200.000 personas, incluyéndose tanto las que desarrollen sus funciones en la Administración regional, como la plantilla de las universidades públicas y de las corporaciones locales, consolidándose así la colaboración interadministrativa y evitando duplicidades.
Los interesados tendrán a su disposición un total de 1.246 cursos, un 14,8% más que en 2023, más de 67.500 plazas y 62.300 horas lectivas. Estos se agrupan en cinco programas diferenciados: formación general, especializada, directiva, idiomas y racionalización del empleo público.
El objetivo es dar prioridad a las acciones vinculadas a la prestación directa de servicios a la ciudadanía (como emergencias, justicia, servicios sociales, educación o sanidad), que concentran más del 60% del total. Además, en el catálogo se ha incidido en las enseñanzas asociadas a la transformación digital, la transparencia y la publicidad activa, la nueva gobernanza pública o la gestión eficiente de los recursos públicos, entre otras.
