Con este objetivo, la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior suscribirá dos convenios de colaboración con el Consejo del Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid, que engloba a los Ilustres Colegios de Abogados de Madrid y de Alcalá de Henares, y con el Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España.

De esta manera, desde el Ejecutivo autonómico se prestará cobertura a aquellas actuaciones de los profesionales del turno de oficio cuando no exista para los ciudadanos beneficiarios un reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Se trata, en definitiva, de garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución Española de 1978.

La financiación del turno de oficio, y todas las demás actuaciones del Gobierno regional en relación con la justicia gratuita, constituyen uno los pilares de las competencias que tiene la Comunidad de Madrid en materia de Administración de Justicia.

En este sentido, el Consejo de Gobierno dio luz verde la semana pasada, a una inversión de 46,7 millones de euros para que los ciudadanos de la región puedan acogerse a este derecho, también a través de subvenciones a los colegios profesionales de abogados y procuradores.

Asesoramiento y orientación jurídica

En esta misma línea, el Consejo de Gobierno también ha autorizado hoy destinar 1.110.000 euros para la prestación del servicio de orientación jurídica durante 2022, mediante un convenio cuyo ámbito geográfico de actuación es todo el territorio regional, a excepción del que corresponde y compete al Colegio de Abogados de Alcalá de Henares.

La Comunidad de Madrid garantiza así el asesoramiento y la orientación en materia jurídica de carácter general, jurídico social, contencioso administrativo, hipotecario, para víctimas de delito y odio, menores y jóvenes infractores o para mayores de 65 años, entre otros. Igualmente se presta cobertura a servicios jurídicos para extranjeros, de índole penitenciaria o de mediación.

También quedará cubierta la asistencia en aquellas sedes judiciales que se encuentran fuera de Madrid capital como es el caso de los juzgados de Getafe, Fuenlabrada, Navalcarnero o San Lorenzo de El Escorial.

El acuerdo entre ambas partes supone el compromiso por parte del Ilustre Colegio de abogados de Madrid de establecer un sistema de cita previa mediante un teléfono gratuito, en el que quede recogida a su vez la gestión de quejas, sugerencias o reclamaciones.

De igual modo, contará con el número necesario de abogados para una adecuada cobertura asistencial y designará a los coordinadores que sean precisos para resolver las incidencias y consultas planteadas por los letrados y que éstos no puedan atender.

Por último, será materia de su responsabilidad adecuar y dar a conocer la modalidad de la orientación jurídica a través de diferentes canales de información y difusión. Trimestralmente se remitirá un informe a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior que permita conocer cómo se están desarrollando y llevando a cabo la prestación del servicio.