Para su puesta en marcha, el Ejecutivo autonómico ha autorizado 2,7 millones de euros, con un plazo de ejecución de 24 meses. A través de esta herramienta, impulsada por la Consejería de Administración Local y Digitalización, se elaborarán informes mensuales especificando la situación en la que se encuentran los diferentes proyectos, indicando retrasos, posibles riesgos y ofreciendo soluciones ante posibles contratiempos.

Asimismo, este recurso podrá resolver en 72 horas cualquier consulta escrita y en 24 las que se efectúen oralmente, y contará con un equipo que se desplazará a cualquier punto de la región en caso de emergencia (heladas, incendios, inundaciones o de cualquier otra índole) para una rápida evaluación de daños.

La Oficina ayudará también a los ayuntamientos a solventar cuestiones en materia de arquitectura e ingeniería; apoyará a los consistorios en la planificación y gestión de las inversiones, y prestará asistencia en materia de seguridad y salud a lo largo de la construcción de la obra.  

Además, llevará a cabo un control de los costes y realizará un asesoramiento previo a la recepción parcial o total de la actuación ejecutada. Igualmente, elaborará al inicio, o durante la ejecución del proyecto, un informe de riesgos y certificará que los medios humanos y materiales empleados se ajustan a lo que propuso la empresa constructora en su oferta.